Tribunal dicta presentación periódica a hermanos Morer en Samaná
Samaná, RD.- Tras una audiencia celebrada en el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná, la magistrada a cargo del caso impuso presentación periódica como medida de coerción contra el licenciado Faustino Morer y su hermano, Santiago Morer Polanco, rechazando la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
A la salida de la audiencia, los abogados Fabián Mercedes, Juan Pedro Guillandeaux y Vinicio de Peña valoraron la decisión del tribunal como objetiva e independiente.
Según explicaron, la jueza determinó que los argumentos presentados por la supuesta víctima y el órgano acusador no guardaban coherencia con la gravedad de la imputación, por lo que descartó la privación de libertad como medida cautelar.
En ese mismo sentido, el abogado Bunel Ramírez calificó la decisión como positiva y justa, al considerar que mantener a los imputados en prisión preventiva habría sido una medida desproporcionada frente a los elementos presentados durante el proceso.
Tras permanecer 20 días privados de libertad, Faustino Morer y Santiago Morer Polanco fueron puestos en libertad. Al salir, ambos manifestaron que con la decisión judicial “se ha hecho justicia”.
“Lo único que tengo que decir es que se hizo justicia. A mí me estuvieron acusando de hechos que yo soy incapaz de realizar por mi naturaleza como hombre social, como hombre cristiano y como hombre de bien”, expresó Faustino Morer.
Por su parte, su hermano también ofreció declaraciones a la prensa sobre el impacto de haber permanecido encarcelado durante varias semanas, asegurando que su familia se sustenta en el trabajo honesto y el esfuerzo diario.
Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de personas, entre familiares, herederos de la familia Calcaño y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se concentraron frente al Palacio de Justicia de Samaná para denunciar lo que califican como abusos judiciales.
Los manifestantes expresaron su inconformidad con el manejo del Ministerio Público local en relación con un litigio territorial que, según afirmaron, se remonta a varias décadas.
Los herederos reclaman el respeto a una sentencia dictada en 1955, mediante la cual, según sostienen, fueron adjudicados a la familia Calcaño los terrenos correspondientes a la parcela número 5 del distrito catastral número 6.
Asimismo, denunciaron que la fiscal Érika estaría actuando en perjuicio de los intereses de los herederos y en contraposición a decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia.
José García Díaz, vicepresidente provincial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Hato Mayor, también estuvo presente para exigir imparcialidad y apego a la ley por parte de las autoridades judiciales.
Los manifestantes advirtieron que continuarán sus protestas hasta que, según expresaron, se garanticen los derechos adquiridos de la familia Calcaño y se esclarezcan definitivamente los procesos legales en curso.
