¿Qué procede el concluir una concesión? caso Falcondo

Santo Domingo, RD.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) dispuso que la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a Falconbridge Dominicana (Falcondo).

Esto tras determinar que la empresa vía el proyecto de explotación Quisqueya I, incumplió obligaciones relacionadas con la actividad extractiva y la entrega de información requerida por las autoridades.

La decisión está contenida en la sentencia número. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el pasado 12 de agosto de 2026. Los contratos corresponden a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas localizada entre La Vega y Monseñor Nouel.

Apropósito de este hecho, CDN recuerda que, el vencimiento de una concesión minera no significa que el yacimiento pase automáticamente a manos de un nuevo operador.  Explica que el fin de una concesión activa un proceso jurídico, técnico y ambiental en el que deben determinarse las condiciones para el cierre de las operaciones, la recuperación del área y el futuro de los recursos minerales.

En términos generales, una concesión minera es una autorización otorgada por el Estado para explorar o explotar determinados recursos durante un período establecido.

Mientras está vigente, el titular debe cumplir con las obligaciones previstas en la legislación minera, ambiental, laboral y tributaria, además de las condiciones particulares establecidas en los permisos correspondientes.

Cuando llega la fecha de vencimiento, la empresa pierde el derecho a continuar realizando las actividades amparadas por esa concesión, salvo que exista una renovación, prórroga o algún otro mecanismo legal que le permita mantenerlas.

Por tanto, el primer punto que deben establecer las autoridades es la situación jurídica exacta de la concesión y si existe algún procedimiento pendiente relacionado con su vigencia.

El cierre de una mina tampoco consiste simplemente en detener las máquinas y abandonar las instalaciones.

Una operación minera debe contemplar medidas para garantizar la estabilidad de los terrenos, controlar posibles impactos sobre las aguas y los suelos, manejar adecuadamente los residuos y reducir los riesgos que puedan permanecer después del cese de las actividades. Estas obligaciones pueden extenderse más allá del momento en que termina la explotación.

En el caso de Falcondo, el debate adquiere especial importancia por la trayectoria de la empresa en la explotación de ferroníquel y por la extensión de las áreas vinculadas a sus operaciones en República Dominicana.

La discusión sobre el vencimiento de sus derechos mineros plantea preguntas sobre qué ocurrirá con las áreas intervenidas, las instalaciones, las obligaciones ambientales y el eventual aprovechamiento futuro de los recursos existentes.

Una vez concluida una concesión, el Estado debe determinar, conforme al marco legal aplicable, qué obligaciones permanecen a cargo del antiguo concesionario y qué procedimiento corresponde respecto al área y los recursos minerales.

Si existen pasivos ambientales, estos no desaparecen simplemente porque haya terminado el período de autorización para explotar el yacimiento.

También existe una diferencia entre la propiedad de las instalaciones de una empresa y la titularidad de los recursos minerales.

En República Dominicana, los yacimientos minerales están sujetos al régimen establecido por el Estado, por lo que el futuro de una zona minera no se define únicamente por quién posee las infraestructuras existentes. Cualquier nueva explotación requeriría contar con las autorizaciones correspondientes.

Por ello, el caso Falcondo representa algo más que el posible cierre o continuidad de una empresa minera. Pone sobre la mesa la necesidad de establecer con claridad cómo se ejecutará el cierre de una operación de larga duración, quién asumirá las responsabilidades ambientales, qué ocurrirá con los trabajadores y las comunidades vinculadas a la actividad y bajo qué condiciones podrían aprovecharse nuevamente el yacimiento.