El arroz dominicano ante la presión comercial de EE.UU.

Santo Domingo, RD.- La posible eliminación de los aranceles aplicados al arroz procedente de Estados Unidos abre un nuevo frente para la economía dominicana y, particularmente, para uno de los sectores más sensibles de la agricultura nacional.

Recientemente, Washington, a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, pidió a República Dominicana dejar sin efecto el Decreto 693-24 en el que se establece un esquema de protección para las importaciones de arroz, el pedido genera preocupación entre los productores locales.

La Federación Nacional de Arroz (Fenarroz) y la Confederacion Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro),  advierten sobre los riesgos de una mayor entrada de arroz importado y sus consecuencias para miles de familias vinculadas a la producción agrícola, especialmente de unas 14 provincias que dependen directamente de esta actividad económica.

La medida vigente y cuya derogación exige Estados Unidos fija un arancel de 20 % para el arroz que ingresa dentro del contingente definido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que las cantidades que superan ese cupo enfrentan una tasa de 99 %. Para el arroz estadounidense, el decreto contempla una cuota de 23,300 toneladas métricas con arancel cero. El conflicto surge principalmente por las condiciones aplicadas a los volúmenes que exceden ese límite.

Desde el punto de vista económico, eliminar o reducir significativamente esa protección podría incrementar la oferta de arroz estadounidense en el mercado dominicano. En teoría, una mayor competencia puede contribuir a reducir los precios para consumidores y comerciantes.

Sin embargo, el efecto no necesariamente sería uniforme ni permanente, porque dependería de los precios internacionales, los costos de transporte, la tasa de cambio, los márgenes de intermediación y la capacidad de los productores dominicanos para competir.

Además, a pesar de todo esto, el principal riesgo se concentraría en la rentabilidad de los agricultores locales. Si el arroz importado llega a precios inferiores a los costos de producción nacionales, los productores dominicanos podrían verse obligados a reducir precios para mantener su participación en el mercado.

Una disminución prolongada de los márgenes podría provocar una reducción de las áreas cultivadas, menor inversión en tecnología y maquinaria y, en los casos más extremos, el abandono de tierras productivas.

El impacto también trascendería al productor

En ese sentido, Fenarroz y Confenagro aclaran, además que alrededor del cultivo de arroz existe una amplia cadena económica que incluye trabajadores agrícolas, transportistas, molinos, comerciantes, distribuidores, proveedores de semillas, fertilizantes, combustibles, maquinaria y servicios financieros.

Por lo que, una contracción de la producción tendría un efecto multiplicador sobre las economías rurales.

Otro elemento de preocupación es el nivel de inventarios. Los productores sostienen que entre 2024 y 2025 ingresaron cerca de 220,000 toneladas de arroz procedentes de países de Suramérica, lo que, según el sector, contribuyó a una elevada disponibilidad del cereal en el mercado.

Especifican que, si a ese volumen se suma una mayor entrada de arroz estadounidense, podría producirse una presión adicional sobre los inventarios nacionales y sobre los precios recibidos por los agricultores durante los períodos de cosecha.

Para los consumidores, la eliminación del arancel podría representar una oportunidad de corto plazo si el arroz importado se comercializa a precios más bajos.

No obstante, desde una perspectiva de política económica, el análisis debe considerar también el costo de una eventual pérdida de capacidad productiva nacional. Una dependencia creciente de las importaciones expone al país a variaciones de precios internacionales, problemas logísticos, restricciones comerciales y alteraciones en los mercados mundiales de alimentos.

En tal sentido, se pondría en juego la seguridad alimentaria constituye, debido a que el arroz es un alimento básico dentro de la dieta dominicana y mantiene una demanda interna elevada.

Ante esto, se celebró la decisión del decreto que protege a los arroceros, porque contar con una industria arrocera nacional capaz de abastecer una parte significativa del consumo funciona como una forma de protección frente a shocks externos.

La apertura comercial puede generar eficiencia, pero una liberalización acelerada también puede debilitar la capacidad productiva si los agricultores no disponen de condiciones para competir.

Lo que si es cierto es que el Gobierno enfrenta un dilema entre sus compromisos internacionales y la protección de la producción nacional.

Estados Unidos sostiene que el Decreto 693-24 compromete las condiciones de acceso al mercado establecidas en el DR-Cafta, mientras que los productores dominicanos consideran que eliminar la protección sin medidas compensatorias podría provocar un deterioro significativo del sector.

Cualquier decisión debería evaluar no solo el precio inmediato del arroz, sino también el empleo, la inversión agrícola, las finanzas rurales y la seguridad alimentaria.