Derechos de un inmigrante frente a un proceso de deportación

Santo Domingo, RD.- Cualquier persona en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tiene derechos fundamentales bajo la Constitución, esto le asisten e incluso frente a proceso de deportación.

Ente estos, derechos figura guardar silencio, no abrir la puerta a agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) sin una orden firmada por un juez.

Además, en caso de ser capturado, el inmigrante tiene derecho a recibir una audiencia ante un juez de inmigración y a contar con un intérprete en caso de que no entienda el idioma inglés.

La posible deportación de cerca de 300 mil haitianos que podrían perder su protección migratoria en Estados Unidos ha vuelto a poner el foco sobre el funcionamiento del sistema de inmigración estadounidense.

Aunque las autoridades tienen facultades para detener y expulsar a personas que no cuentan con autorización para permanecer en el país, la legislación establece una serie de derechos y garantías que deben respetarse durante todo el proceso.

La detención migratoria, que puede ocurrir tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante un control de rutina o luego de que una persona sea puesta a disposición de las autoridades migratorias por otra agencia.

Sin embargo, no todos los inmigrantes son detenidos, ya que algunos reciben una citación para comparecer ante un tribunal sin permanecer bajo custodia. En caso de detención, la persona tiene derecho, además a conocer el motivo de la medida y a comunicarse con un abogado o con su consulado.

Posteriormente, en muchos casos se celebra una audiencia ante un juez de inmigración, quien analiza si la persona puede permanecer legalmente en Estados Unidos o si debe ser expulsada del país.

Durante esta etapa, el inmigrante tiene derecho a presentar pruebas, testigos y argumentos legales en su defensa. También puede solicitar distintos tipos de alivio migratorio, como asilo, cancelación de deportación o ajustes de estatus, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

Aunque el Gobierno estadounidense no está obligado a proporcionar un abogado gratuito en los procesos migratorios, toda persona tiene el derecho a contratar representación legal por cuenta propia.

Diversas organizaciones sin fines de lucro ofrecen asistencia jurídica gratuita o de bajo costo, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Los especialistas coinciden en que contar con asesoría legal puede influir significativamente en el resultado del caso.

Si el juez dicta una orden de deportación, el inmigrante puede tener acceso a mecanismos de apelación. Dependiendo de las circunstancias, es posible recurrir la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) e incluso, en determinados casos, acudir a tribunales federales. Sin embargo, los plazos para presentar estos recursos suelen ser muy cortos, por lo que actuar con rapidez resulta fundamental.

Otra alternativa contemplada por la legislación es la salida voluntaria, una opción mediante la cual la persona acepta abandonar Estados Unidos dentro de un plazo determinado sin que se ejecute formalmente una orden de deportación.

Esta medida puede reducir algunas de las consecuencias migratorias negativas y facilitar futuras solicitudes de ingreso legal al país, siempre que se cumplan las condiciones impuestas por el tribunal.

Cuando se agotan los recursos legales o no existe otra forma de permanecer en el país, las autoridades ejecutan la deportación, también conocida como remoción.

Una vez emitida la orden definitiva, ICE coordina el traslado del inmigrante a su país de origen o a otro país que acepte recibirlo. Dependiendo del historial migratorio y de las razones de la expulsión, la persona puede enfrentar restricciones para regresar legalmente a Estados Unidos durante varios años o, en algunos casos, de forma permanente.

Durante todo el procedimiento existen derechos básicos que deben ser respetados. Entre ellos figura el derecho a recibir un trato digno, a no ser discriminado por motivos de raza, nacionalidad o religión, a solicitar un intérprete cuando no domine el inglés y a comunicarse con familiares o representantes legales.

Asimismo, las personas detenidas deben tener acceso a atención médica cuando sea necesaria y a condiciones mínimas de seguridad y alimentación.

No obstante, existen procedimientos acelerados, como la expulsión expedita, que permiten la deportación sin una audiencia completa en determinados casos previstos por la ley.

Incluso en estas situaciones, quienes expresan un temor creíble de regresar a su país por riesgo de persecución o tortura tienen derecho a una evaluación inicial de su caso antes de ser expulsados, conforme a las normas de protección internacional aplicables en Estados Unidos.

El caso de los aproximadamente 300,000 haitianos que podrían verse afectados por cambios en su estatus migratorio ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias estadounidenses y la protección de los derechos humanos.

Recordar que cada proceso es diferente y depende de la situación particular de cada persona, por lo que conocer los derechos y buscar asesoría legal oportuna puede marcar una diferencia importante en el desarrollo y resultado de un procedimiento de deportación.