Defensa Pública aclara que no asignará abogados para representar a empresas privadas
Santo Domingo, R.D.– El director nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, informó que esa institución no asignará defensores públicos para representar a empresas ni organizaciones privadas, al considerar que dicha asistencia no está contemplada en la Constitución de la República ni en la Ley de la Defensa Pública.
Valentín explicó que el servicio de asistencia legal gratuita que ofrece la institución está dirigido esencialmente a personas físicas que carecen de recursos para contratar un abogado, y no a personas jurídicas, como empresas y otras entidades privadas.
El funcionario cuestionó que algunos tribunales del Distrito Nacional estén requiriendo la designación de defensores públicos para representar a compañías y organizaciones privadas involucradas en procesos judiciales.
“Algunos tribunales del Distrito Nacional se han empecinado en requerir defensores públicos para defender empresas y organizaciones privadas, sin advertir que están cayendo en trampas estratégicas interpartes”, afirmó.
Diferencia entre personas físicas y jurídicas
El director de la Defensa Pública sostuvo que existe una interpretación errónea de las disposiciones constitucionales y legales cuando se pretende extender el servicio de defensa pública a empresas privadas.
Explicó que, aunque la Constitución utiliza el término “persona”, también distingue entre personas físicas y personas jurídicas, cuyos derechos y garantías fundamentales no tienen necesariamente el mismo alcance.
Valentín aseguró que en los países de Iberoamérica la defensa pública está concebida para asistir a personas que necesitan representación legal y no pueden costearla.
Como excepción, mencionó el modelo de España, donde —según indicó— existen mecanismos de asistencia para determinadas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a servicios sociales y humanitarios, como ONG y fundaciones, pero no para empresas privadas con fines comerciales.
Recursos ante el Tribunal Constitucional
Aunque afirmó que la Defensa Pública respeta las decisiones adoptadas por los tribunales, Valentín sostuvo que la institución mantendrá su posición frente a los requerimientos que considere contrarios al marco legal que regula sus funciones.
“La Defensa Pública es respetuosa de las decisiones de los tribunales del país, pero no va a caer en esa trampa mal intencionada de parte de jueces, fiscales y abogados privados”, expresó.
El funcionario informó que actualmente reposan ante el Tribunal Constitucional varios recursos de revisión constitucional interpuestos por la Defensa Pública contra decisiones jurisdiccionales relacionadas con la designación de defensores para empresas privadas. Estos procesos están pendientes de conocimiento.
Valentín agregó que otros tribunales, ante situaciones similares, han optado por declarar en rebeldía a las empresas y continuar los procesos respecto de los imputados que son personas físicas, a quienes, afirmó, nunca se les ha negado el derecho a recibir asistencia técnica de la Defensa Pública.
Defensa Pública reafirma su compromiso
En su condición de miembro de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y coordinador del Caribe, Valentín reiteró que, según su experiencia en la región, no existe una defensoría pública que tenga entre sus funciones brindar asistencia legal a empresas y organizaciones privadas.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública reafirmó, finalmente, su compromiso de garantizar el derecho a la defensa de las personas que no cuentan con recursos para contratar representación legal privada, con especial atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.
