Medidas para enfrentar efectos de la crisis en Oriente Medio

Santo Domingo, RD.- El Gobierno dominicano recurre a un conjunto de medidas estratégicas para mitigar los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre la economía local, especialmente ante el alza de los precios internacionales del petróleo y la incertidumbre en los mercados energéticos.

Estas acciones buscan proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, garantizar la estabilidad macroeconómica y evitar impactos severos en los sectores productivos.

Uno de los principales ejes del plan es la estabilización de los precios de los combustibles, con especial énfasis en el Gas Licuado de Petróleo (GLP), ampliamente utilizado en los hogares dominicanos. Las autoridades han decidido mantener sin variación su precio, absorbiendo parte de las fluctuaciones del mercado internacional mediante subsidios estatales.

Asimismo, el Gobierno ha reforzado su política de control de precios energéticos, implementando medidas fiscales para reducir la carga impositiva en el sector eléctrico.

Entre ellas se destaca una reducción significativa de la fiscalidad, cercana al 60%, apoyada en la disminución del ITBIS aplicado a la electricidad, lo que contribuye a aliviar la factura de los consumidores.

En esa misma línea, se ha dispuesto la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, lo que reduce los costos operativos de las generadoras y ayuda a contener posibles aumentos en las tarifas. Esta medida busca preservar la competitividad del sistema energético nacional.

Otra acción relevante es la aplicación de aumento en los precios de los combustibles alternativos como el gas natural, incentivando su uso y diversificando la matriz energética. Con ello, el país reduce su dependencia de los derivados del petróleo, cuyo precio ha sido altamente volátil por la crisis internacional.

En cuanto a los carburantes, se han implementado mecanismos para reducir su costo hasta en 30 centavos por litro, mediante ajustes fiscales y subsidios focalizados. Esta medida tiene un impacto directo en el transporte público y privado, así como en la logística de bienes y servicios.

De igual forma, se ha dispuesto la continuidad de programas de apoyo social como el bono eléctrico, ampliado durante todo el año 2026.

Este beneficio se complementa con el fortalecimiento del bono térmico y la prohibición de suspender servicios energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, garantizando así el acceso a servicios básicos.

En apoyo a los sectores productivos, el Gobierno ha implementado ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, incluyendo subsidios al combustible y a insumos como fertilizantes. Estas acciones buscan sostener la producción nacional y evitar incrementos en los precios de los alimentos.

Finalmente, las autoridades han fortalecido los mecanismos de supervisión del mercado energético y promovido medidas estructurales para la transición hacia energías renovables. Esto incluye incentivos para la instalación de paneles solares, mejoras en eficiencia energética y mayor regulación para prevenir prácticas abusivas, consolidando una estrategia integral frente a los efectos de la crisis internacional.