Diputado vuelve a impulsar iniciativa para prohibir las mezquitas en República Dominicana
Santo Domingo. El diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, reintrodujo un proyecto de ley que busca prevenir el extremismo religioso en República Dominicana mediante restricciones a la construcción y funcionamiento de mezquitas, así como a la aplicación de normas de la sharía, o ley islámica, que contradigan la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional.
La propuesta legislativa contempla mecanismos de registro, supervisión y vigilancia de organizaciones religiosas, culturales y educativas, además de sanciones económicas y posibles clausuras de establecimientos que incumplan sus disposiciones.
Según el proyecto, su objetivo es preservar la seguridad nacional, el orden constitucional y la identidad cultural dominicana, evitando la imposición de normas religiosas que puedan entrar en conflicto con las leyes del país.
¿Qué establece el proyecto sobre las mezquitas?
Uno de los aspectos más controversiales de la iniciativa es la restricción a la construcción y funcionamiento de mezquitas en territorio dominicano.
Aunque la propuesta plantea prohibiciones relacionadas con estos centros religiosos, su artículo 11 especifica que la medida estaría dirigida a aquellos cuya finalidad principal sea promover la colonización ideológica o imponer normas religiosas externas.
El proyecto también establece una excepción para las mezquitas y otros lugares de culto islámico que hayan sido construidos y operen legalmente antes de la eventual entrada en vigor de la legislación.
Estos establecimientos podrían continuar sus actividades, pero quedarían sujetos a la supervisión de organismos de seguridad interior e inteligencia del Estado.
Registro obligatorio y supervisión estatal
La iniciativa dispone que las organizaciones religiosas y culturales que operen en República Dominicana deberán registrarse ante el Ministerio de Interior y Policía, proporcionando información sobre su origen, objetivos, fuentes de financiamiento y lugares de reunión.
Asimismo, plantea que esa institución, en coordinación con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y el Ministerio de Cultura, pueda realizar inspecciones e intervenir cuando existan indicios razonables de actividades extremistas o contrarias al orden constitucional.
También prohíbe utilizar instituciones religiosas, culturales o educativas para promover la violencia, el odio religioso o el adoctrinamiento político extremista.
Multas, clausuras y sanciones penales
El proyecto establece sanciones para quienes incumplan las restricciones contempladas en la normativa.
Entre las medidas propuestas figura la imposición de multas equivalentes al doble del valor de la inversión realizada en la construcción o mantenimiento del establecimiento involucrado, además de su clausura inmediata.
La iniciativa también contempla posibles sanciones penales individuales o colectivas, de conformidad con el Código Penal y las leyes antiterroristas vigentes.
Creación de un consejo contra el extremismo religioso
Otro de los puntos de la propuesta es la creación del Consejo Nacional para la Prevención del Extremismo Religioso e Ideológico, organismo que tendría la responsabilidad de coordinar la aplicación de las medidas establecidas en la legislación.
Además, el Estado podría suspender o restringir relaciones con entidades extranjeras que financien o respalden actividades prohibidas, respetando los tratados internacionales y el principio de reciprocidad.
Debate sobre la libertad religiosa en República Dominicana
La reintroducción del proyecto podría abrir un debate sobre los límites de la intervención estatal en las prácticas religiosas y su compatibilidad con los derechos fundamentales.
El artículo 45 de la Constitución dominicana reconoce la libertad de conciencia y de cultos, sujeta al respeto del orden público y las buenas costumbres.
Aunque la iniciativa sostiene que busca prevenir el extremismo y proteger el ejercicio pacífico de la religión, sus disposiciones sobre mezquitas, vigilancia y restricciones religiosas podrían generar cuestionamientos sobre su alcance constitucional.
Por el momento, se trata de una propuesta legislativa y no de una ley vigente. Su eventual aplicación dependerá del proceso de discusión y aprobación correspondiente en el Congreso Nacional.
