FP reclama sanciones bajo el nuevo Código Penal por fraude aduanero en la frontera
Santo Domingo, RD. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) pidió a las autoridades profundizar las investigaciones sobre el presunto fraude aduanero relacionado con el tránsito de mercancías por la frontera dominico-haitiana y aplicar las sanciones previstas en el nuevo Código Penal a quienes resulten responsables.
La organización política fijó su posición a través de Orlando Espinosa, secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la FP, quien consideró que el nuevo marco penal, junto con la Ley General de Aduanas 168-21, ofrece mayores herramientas para perseguir las prácticas ilícitas vinculadas al desvío de mercancías declaradas bajo el régimen de tránsito internacional.
Espinosa sostuvo que las investigaciones deben ir más allá de las personas que participan directamente en el traslado de las mercancías y determinar quiénes organizan, facilitan y obtienen beneficios de estas operaciones.
Explicó que, de comprobarse las infracciones denunciadas, podrían configurarse delitos como contrabando, falsificación de manifiestos de carga, ruptura de precintos y soborno de funcionarios, con consecuencias que incluyen penas de prisión, multas y decomiso de mercancías y bienes utilizados en las actividades ilícitas.
Entre los bienes que podrían ser objeto de decomiso mencionó camiones, cabezales, remolques e inmuebles utilizados para almacenar mercancías desviadas. Asimismo, señaló que los recursos obtenidos mediante estas actividades podrían ser investigados por posibles vínculos con el lavado de activos.
El dirigente político también llamó la atención sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en el nuevo Código Penal. En ese sentido, planteó que las pesquisas deben determinar si corporaciones, agencias aduanales, empresas de transporte u otros actores empresariales participaron o se beneficiaron de las operaciones bajo investigación.
Según Espinosa, en caso de comprobarse responsabilidades, las empresas involucradas podrían enfrentar sanciones como la clausura de centros de acopio, almacenes y terminales logísticas, así como la inhabilitación para realizar operaciones de comercio exterior o contratar con el Estado, además de las demás consecuencias previstas por la legislación.
