Pena que podrían enfrentar Yailín

Santo Domingo, RD.- La detención de la artista urbana Yailín y varios de sus acompañantes tras la ocupación de dos armas de fuego ha generado amplio debate sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar bajo la legislación dominicana vigente.

El caso coloca en el centro la aplicación del Código Penal y la Ley sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados (Ley 631-16), que regula estrictamente la tenencia y porte de armas en el país.

De acuerdo con la normativa, la posesión ilegal de armas de fuego constituye un delito grave. La Ley 631-16 establece que toda persona que porte o posea un arma sin la debida licencia otorgada por el Ministerio de Interior y Policía puede enfrentar sanciones que incluyen penas de prisión y multas económicas considerables.

Abogados explican que la artista urbana Yailin La Más Viral, cuyo nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz, podría enfrentar una condena de entre uno y cinco años de prisión por presunto porte ilegal de armas de fuego.

El experto en derecho procesal penal, Félix Portes expresó que, todo indica que el Ministerio Público solicitará medida de coerción en contra de la cantante. A Yailín junto a dos amigos la apresaron ayer martes en un vehículo de su propiedad en el que ocuparan dos armas de fuego.

De ser procesada, la cantidad de la pena dependerá de las armas ocupadas, el tipo de armamento y si hubo intención de uso delictivo pueden influir en la severidad de la sanción.

Asimismo, el Código Penal dominicano contempla agravantes cuando el hecho involucra la participación de varias personas. En este caso, al tratarse de un grupo, las autoridades podrían considerar la figura de asociación para delinquir si se determina que existía una intención común de cometer actos ilícitos, lo que aumentaría las posibles penas.

Otro elemento clave es si las armas incautadas estaban registradas o si presentan alteraciones ilegales. La ley sanciona con mayor rigor la posesión de armas modificadas, con numeración borrada o de uso restringido, lo que podría elevar las penas más allá del rango básico establecido.

Además de las sanciones penales, los implicados podrían enfrentar procesos judiciales que incluyan medidas de coerción como prisión preventiva, presentación periódica o impedimento de salida del país, dependiendo de la valoración que realice el Ministerio Público sobre el riesgo de fuga o la gravedad del caso.

Finalmente, corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos, así como la pena aplicable en función de las pruebas presentadas.

Esto debido a que, el desenlace del caso dependerá de la investigación en curso y del cumplimiento del debido proceso establecido en la legislación dominicana.